La desaparición de la Secretaría de los Pueblos Indígenas: paternalismo, discriminación, violación de derechos y represión

Por: Pável Uliánov Guzmán

La “Secretaría de los Pueblos Indígenas” (SPI) nunca fue una Secretaría de Estado, ni mucho menos representó realmente a los pueblos indígenas de Michoacán, históricamente es un elefante blanco que operó para dividir y someter a las comunidades originarias, sin embargo, su desaparición desenmascara el verdadero carácter de las políticas públicas hacia los pueblos nativos y milenarios de la entidad, políticas públicas que son represivas y criminalizadoras, o en el menor de los casos paternalistas, discriminatorias y violatorias de derechos.

La SPI nunca operó como una Secretaria de Estado porque desde su creación, e incluso en sus antecedentes institucionales, jamás fue dotada de un presupuesto adecuado para solucionar los problemas y rezagos históricos de las comunidades originarias, el presupuesto asignado únicamente sirvió para cubrir los gastos burocráticos y administrativos generados por la dependencia (salarios, viáticos, prestaciones sociales, renta de edificios, papelería, etc.) y generar una burocracia indígena cooptada y sumisa al poder en turno, mientras las comunidades indígenas continúan con los más altos índices de pobreza y marginación (Fuente: La domesticación indígena / Xiranhua Comunicaciones).

La SPI fue creada formalmente el 9 de enero del 2008, con la publicación en el “Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo”, de la “Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado”, misma que establecía que a partir del 16 de febrero del mismo año, iniciaría a operar la SPI como una dependencia de la Administración Pública Estatal y con atribuciones específicas, su antecedente se remonta al 9 de septiembre del 2002, cuando se publicó el “Decreto Administrativo Núm. 15”, en él se crea la “Coordinación Interinstitucional para la Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán de Ocampo”. Ni en la creación de la SPI, ni mucho menos como Coordinación Interinstitucional, fue dotada de un presupuesto que le permitiera invertir en obra pública o ejecutar políticas públicas reales para las comunidades originarias (Manual de Organización de la Secretaria de Pueblos Indígenas, Periódico Oficial 8/Mar/2010, Núm. 60, Sexta Sección).

Desde el 2008 al 2017, durante los casi 10 años que operó la SPI, el presupuesto que le fue asignado por el Gobierno y Congreso del Estado “para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas” fue a todas luces insuficiente, discriminatorio e injusto, desde su orígen, sin importar la filiación partidista del gobierno en turno, la SPI fue institucionalizada como un gran elefante blanco. Durante el primer año de su creación, en el 2008 la SPI mantuvo como presupuesto la cantidad de $0.0 pesos, es decir, fue creada irresponsablemente sin presupuesto alguno, posteriormente, en el año fiscal 2009 le asignaron el capital de $23,491,751; subsiguientemente, para el año 2010 le destinaron el capital de $33,750,481; a continuación, mediante la Unidad Programática Presupuestal 28, durante el año 2011 consignaron la cantidad de $107,384,836; para el año 2012 el total de $110,269,759; en el 2013 el capital de $33,024,878; para la anualidad 2014 el máximo de $114,043,717; en el 2015 el presupuesto fue de $128,852,089; para el 2016 el monto asciende a $103,627,453 y finalmente, para el 2017 un capital de $68,465,885. En todos y cada uno de los casos, el presupuesto reservado para atender las necesidades de las comunidades indígenas, no ha alcanzado ni siquiera el 0.4% del total del presupuesto asignado a las dependencias estatales, (Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017). En otras palabras, históricamente, el Gobierno y el Congreso del Estado, han destinado un capital miserable para atender la deuda histórica que se mantiene con las comunidades originarias.

Estos presupuestos asignados por el Gobierno y el Congreso del Estado, también son altamente discriminatorios, toda vez que no corresponden con el número de habitantes que hablan un idioma originario en la entidad, mismos que ascendían en 2010 a la cantidad de 136 mil 608 personas, lo que equivale al 3.5% del total de la población de Michoacán (Censo de Población y Vivienda 2010 / INEGI). Es decir, de conformidad con su número de habitantes, a los pueblos originarios les correspondería el 3.5% de total del presupuesto de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, y no el 0.4% que como máximo se les ha asignado, esto sin observar los criterios constitucionales de conciencia de identidad indígena, autoidentidad y autoadscripción que elevarían a más de 600 mil a los habitantes de los pueblos indígenas.

De igual forma, la SPI tampoco representó realmente a las comunidades originarias, porque ninguna comunidad fue consultada para proponer o quitar a sus titulares y/o burócratas de primer y segundo nivel, violando el derecho de consulta libre, previa e informada sobre cualquier política pública que les afecte, aún más, diversos asesores de la SPI plenamente identificados, participaron activamente bajo la lógica partidista, defendiendo al gobierno en turno, tratando de dividir a las comunidades y operando para truncar su libre autodeterminación, por lo que fueron expulsados y desconocidos en diversas comunidades y reuniones de trabajo (Declaración la Secretaria de los Pueblos Indígenas incumple sus compromisos e intenta dividir a nuestras comunidades / Consejo Supremo Indígena de Michoacán, 10/Mar/2016 y Minuta de Acuerdos entre el Gobierno del Estado y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán en la que se desconoce a 3 asesores de la SPI, Paracho 16/Nov/2015).

Aunado al bajo presupuesto que ha mantenido la SPI, en el presente año, el Gobierno y el Congreso del Estado también disminuyeron los presupuestos asignados a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán en un 33.87%, pasando de $51,684,044 que tenía en el 2016, a $34,176,666 para el 2017 y del Instituto del Artesano Michoacano en un 9.98%, reduciéndose de $40,029,494 el año pasado, a $36,035,709 en la presente anualidad, instituciones ligadas a los pueblos indígenas, lo que en hechos reales demuestra la total falta de visión, interés y apoyo hacia los pueblos originarios.

Por otro lado, las políticas públicas hacia las comunidades indígenas también mantienen la constante de represión y criminalización. El 4 y 5 de abril del presente año, fueron asesinados tres comuneros de Arantepacua y detenidos más de 40 habitantes de dicha comunidad por defender su territorio comunal, de igual forma, el 20 de noviembre del 2015 detuvieron a un comunero de Santa Fe de la Laguna acusado falsamente de causar destrozos a un partido político, posteriormente el 17 de marzo del 2016 encarcelaron arbitrariamente a 12 comuneros de Capácuaro por manifestarse mediante una toma de carretera en su comunidad, a continuación, el 24 de febrero del 2017 arrestaron arbitrariamente a 13 comuneros de Caltzontzin por defender su tierra comunal, lo que al final se traduce como “una política de Estado perfectamente planeada que va en aumento” (Manifiesto Arantepacua: Crimen de Estado / Consejo Supremo Indígena de Michoacán, 6/Abr/2017).

En síntesis, las políticas públicas hacia los pueblos originarios históricamente son paternalistas, discriminatorias, violatorias de derechos, represivas y criminalizadoras, Ante este contexto, diversas comunidades han respondido con movimientos de autodeterminación, autogobierno y autonomía.

Algunas comunidades incluso han expulsado a todos los partidos políticos y no han permitido la instalación de casillas electorales, lo anterior como expresiones concretas de sus derechos como pueblos y comunidades indígenas, entre las que destacan Cheran con su movimiento por la defensa de los bosques que evolucionó en un movimiento por la autonomía (6/Jun/2011), Urapicho y su movimiento de autodefensa indígena y por las elecciones por usos y costumbres (4/mar/2015), Comunidades Unidas de Cherato, Cheratillo, Oruscato y 18 de Marzo, con su movimiento en contra del crimen organizado y por la libre autodeterminación (14/May/2015), San Felipe de los Herreros y su movimiento en contra el mal gobierno municipal y por el autogobierno (24/May/2015), Pichátaro y su movimiento por la entrega y administración del presupuesto directo y por la Autonomía (29/May/2015) y Arantepacua y su movimiento en contra de la represión del Estado y por la Justicia (16/Abr/2017).

Finalmente, sobre la desaparición de la SPI, aún no está todo dicho, falta la palabra y las acciones de las comunidades originarias, algunas han propuesto presentar algún recurso jurídico para evitar su desaparición o realizar acciones políticas en sus contra, otras por el contrario, proponen no fortalecer las instituciones del Estado, sino fortalecer el poder comunal, mediante la lucha por la entrega y administración del presupuesto directo, conformando Consejos y Planes de Desarrollo Comunales, procesos que actualmente encabezan las comunidades originarias de Pichátaro, San Felipe de los Herreros y Santa fe de la Laguna, así como una veintena de comunidades adheridas al Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

Estos y otras cuestiones se discutirán el 8 de julio a las 9 horas, en la comunidad de Zirahuén en el “Congreso Indígena de Michoacán: Mas de 500 Años de Resistencia”, donde están convocadas autoridades civiles, comunales y tradicionales de los pueblos originarios del estado, y donde se prohibirá el acceso a representantes de partidos políticos, Gobierno Federal y Estatal, así como de personas no gratas para las comunidades indígenas.

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