Históricamente las comunidades originarias han sido olvidadas, utilizadas y discriminadas por los gobiernos en turno, tal y como hoy en día acontece con el actual Gobierno del Estado de Michoacán, donde en su Primer Informe de Gobierno correspondiente del 15 de febrero al 31 de diciembre del 2012, revela que poco o nada ha realizado en favor de los pueblos indígenas.

En el apartado 2.8 del Primer Informe de Gobierno intitulado “Impulsar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”, se manifiesta que se han celebrado distintos convenios con otras instituciones, tales como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (instauración de una visitaduría itinerante), la Red Nacional para Prevenir la Discapacidad (declaración de principios por la prevención), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (impartición de 7 talleres de rescate de la lengua materna).

Así mismo, se comunica que se han gestionado recursos ante otras instancias y programas, entre los que destacan, el Fideicomiso Fondo Nacional de habitaciones Populares, gestionándose “100 acciones de mejoramiento de vivienda”, la Congregación Mariana Trinitaria, donde se “adquirieron mil 64 paquetes de materiales para la construcción”, el programa BECATE, obteniéndose recursos en “beneficio de 240 personas del Municipio de Chilchota”, ante el Programa de Conservación Comunitaria de la Biodiversidad, asignándose recursos para “17 proyectos ecoturísticos y humedales en comunidades y ejidos indígenas”. Finalmente, se señala que elaboraron “propuestas integrales de imagen urbana para las localidades de Charo, Angaguan y Tzinztuntzan”. Estas en esencia, son las principales acciones señaladas en Primer Informe de Gobierno en materia indígena.

De igual forma, en el oficio SPI/OS/CP/078/2013 con fecha 7/05/2013, suscrito por Alejandro Avilés Reyes, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas (SPI), mediante el cual informa sobre las obras y acciones realizados a favor de los pueblos indígenas durante el año 2012, manifiesta que se efectuaron gestiones para la construcción de 27 obras de infraestructura, esto en el marco del Programa de Infraestructura Básica Comunitaria, sin embargo, indica que dichas recursos “fueron emitidos con problemas en su clave presupuestal”, por lo que no fueron liberados. Dicho en otras palabras, durante el 2012 no se efectuaron obras de infraestructura en las comunidades originarias.

Por otro lado, puede observarse una radical disminución del presupuesto asignado a la SPI y por ende para la atención de las necesidades de pueblos originarios, para 2010 fueron etiquetados para esta dependencia 33,750,481 pesos, para el 2011 la cantidad de 107, 384,836 pesos, para el 2012 el recurso de 110, 264,759 pesos y para el 2013 el monto total fue de 33,024,878 pesos, es decir, el presupuesto asignado para este año es inferior al asignado el 2010 y menos de una tercera parte del presupuesto del año pasado.

En perspectiva general se concluye:

a) El Primer Informe de Gobierno para indicar las acciones en favor del desarrollo de los pueblos indígenas en Michoacán es impreciso, contradictorio e insuficiente, no señala con calidad los indicadores, metas y resultados.

b) Con los datos existentes y con los informes de la SPI al respecto, se infiere que en el 2012 no se realizaron obras estatales en benéfico de los pueblos originarios, únicamente se gestionaron recursos entre otras instancias e instituciones.

c) El presupuesto que se destinó para atender a los pueblos P'urhépecha, Nahua, Hñahñú u Otomí, Jñatjo o Mazahua y Matlatzinca o Pirinda en Michoacán para el 2013, no corresponde a la realidad, es a todas luces insuficiente y representa un retroceso en la larga lucha por mejorar las condiciones de vida de las comunidades originarias.


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