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El motivo de dicho encuentro tenía como principal objetivo la discusión y toma de decisiones para un plan de acción referente a la distribución y administración del presupuesto directo por parte del gobierno municipal a las comunidades indígenas. Entre otros temas a tratar estuvieron la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán y la falta de representación política de los pueblos originarios en esta entidad. Finalmente se constituyó el Concejo Supremo Indígena de Michoacán. Los integrantes tomaron protesta ante la bandera P’urhépecha y fueron reconocidos oficialmente por el Diputado José Eleazar Aparicio Tercero. Los temas y acciones tomadas en este foro engloban la lucha legendaria del pueblo P’urhépecha en defensa del territorio y el derecho inherente a la autonomía y libre determinación.
El primer punto a tratar fue la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán, la cuál fue señalada como una de las 5 leyes más importantes del estado. Como parte de esta ley se conformó la Comisión Estatal de Atención a Víctimas la cuál estará encargada de proveer atención médica, psicológica y legal a víctimas y familiares de desaparecidos en Michoacán. Para llevar a cabo dicha función, particularmente en las comunidades que abarcan la región P’urhépecha, se hizo el llamado para profesionistas P’urhépechas—médicos y abogados principalmente—que hablen la lengua materna para integrarse a este equipo y formar parte de está Comisión la cuál empezaría a ofrecer sus servicios en Octubre. Este llamado es de fundamental importancia para el buen funcionamiento de está institución ya que como lo mencionaba acertadamente Eleazar Aparicio, es necesario que este sea un servicio de P’urhépechas para P’urhépechas. De esta manera la expectativa es que este nuevo órgano estatal sea más receptivo a las inquietudes, solicitudes, y necesidades del pueblo P’urhépecha ya que hay muchas personas preparadas que conocen a fondo los problemas de sus comunidades y que están comprometidos a alzar la voz y no permitir que sus sus pueblos permanezcan en el olvido.
Por otro lado también se abrió un foro de diálogo para establecer un plan de acción para el acceso y administración del presupuesto directo a las comunidades indígenas. Esto significa que los recursos monetarios ya no serían entregados al municipio sino que estos llegarían directamente a la comunidad la cuál se encargaría de determinar como distribuir y gastar dicho presupuesto. Se aceptaron propuestas por las diferentes autoridades presentes para ejercer presión a los gobiernos municipales y estatal para hacerse escuchar y hacer valer los derechos que como pueblos originarios les corresponden. Como parte de ese proceso, es preciso conocer cuál es el presupuesto asignado a cada municipio y por consiguiente, como es administrado por el gobierno municipal. Cada autoridad comunal por medio de asambleas deben discutir y acordar cuáles son las necesidades y prioridades de sus comunidades para así poder determinar como gastar los recursos y sustentar un plan de acción específico.
Es primordial enfatizar la importancia del trabajo colectivo para llevar a cabo eficazmente la lucha por la autonomía económica y garantizar que las comunidades indígenas tengan el poder de decisión en sus manos. Pese a la falta de atención a las demandas de las comunidades indígenas así como también los intereses partidistas que rigen las relaciones de poder en los tres niveles de gobierno, durante el foro se invitó a todas las comunidades a unirse por medio de marchas, bloqueos y acciones jurídicas que protejan y afirmen la autonomía del pueblo P’urhépecha.
Lo ocurrido en este IX Foro Regional es significativo para la lucha indígena de Michoacán y los procesos de organización comunitaria que se han venido dando durante los últimos años. Primeramente se encuentra la declaración explícita del pueblo P’urhépecha a la autonomía política y a la libre determinación. El ejercicio de estos derechos está avalado por un marco legal reconocido por los tratados internacionales como el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a los cuáles el gobierno mexicano se ha adscrito y por lo tanto tiene la obligación de hacer cumplir.
A la misma vez, el evento y las acciones tomadas por las comunidades simbolizan la resistencia de las comunidades P’urhépecha por más de 500 años. Representan la historia de un pueblo jamás conquistado y siempre en pie de lucha. Como lo articularon varios integrantes de las autoridades comunales que participaron en este encuentro, las acciones a seguir en referencia a la administración del presupuesto directo no solo es cuestión de dinero. Lo que es verdaderamente importante es lo que este hecho simboliza ya que es parte esencial de la lucha de los P’urhépecha por ejercer su autonomía política y económica como pueblo originario. Este derecho es inherente, fundamentado en la práctica de los usos y costumbres y cuya historicidad se desprende de la relación con la tierra y el territorio y que precede la formación del estado mexicano.
Dentro de este marco histórico, no se persigue el reconocimiento por parte del gobierno mexicano a la autonomía puesto que este derecho ya estaba establecido y reconocido por el propio pueblo P’urhépecha desde antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto no se busca ni se necesita el permiso del gobierno para ser autónomos como lo han expresado comunidades indígenas como Santa Fé de la Laguna en su lucha histórica por la defensa de sus tierras comunales. Por el contrario, la lucha constituye la búsqueda y creación de espacios y recursos que permitan el pleno ejercicio de la autonomía política así como también la protección y defensa del territorio y los recursos naturales.
Esta lucha no implica una narrativa de conquista y victimización. Por el contrario, comprende una narrativa de fortaleza, dignidiad humana y resistencia. La formación del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, integrado por las distintas autoridades comunales presentes en este IX Foro, significa un momento clave e histórico para la lucha por la representación política indígena en el estado ya que siembra hoy una nueva esperanza de cambios y beneficios a favor de las comunidades quiénes ya no están más en el olvido sino que caminan con dignidad, fortaleza y compromiso hacia un nuevo futuro que permita acelerar los avances en materia indígena que respete la diversidad cultural y el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.
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Un escrito de Sandra Gutierrez.
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